Homofobia y su impacto en la calidad de vida de gay y lesbianas: estado del arte

Las transformaciones socioculturales en el mundo y en Chile

En el mundo, y sobretodo, en América Latina, la forma particular de articular las relaciones entre los géneros ha provocado una histórica inequidad entre los sexos, desigualdad que ha favorecido a los hombres heterosexuales (Barrientos, 2003; PNUD, 2010; Valdés, Benavente & Gysling, 1999; Viveros, 2001). Sin embargo, el advenimiento de cambios socioculturales a escala global, ha provocado una importante modificación en los valores de las sociedades occidentales, transformaciones tendientes a un mayor individualismo y equidad en los estándares y relaciones entre los géneros (Bozon, 2002ª; Connell, 2002; Inglehart, 2000; Inglehart & Baker, 2000; Haavio-Manila, Kontula & Rotkirch, 2002; PNUD, 2002; United Nations, 2000; Weeks, 1993). Estas innovaciones están produciendo un incremento de los valores y normas seculares y los valores auto-expresivos. Asimismo, estos cambios suponen que muchas personas han dejado de ser leales a las instituciones religiosas establecidas,  toda vez  que se observa un aumento del interés espiritual a nivel individual (Barrientos, 2003) Por último, estas transformaciones serían menos pronunciadas en sociedades como México y Chile (Inglehart & Baker, 2000). El crecimiento económico ha facilitado el acceso de las mujeres hacia mejores y mayores oportunidades educativas; no obstante, ha generado nuevos conflictos y tensiones, especialmente, en países como Chile, donde persisten enormes diferencias en la distribución de los ingresos entre los géneros. Asimismo, estas transformaciones están generando mayores oportunidades de exploración sexual, así como nuevas configuraciones en la vida sexual y afectiva – sobre todo de los jóvenes – (INJUV, 2009), lo que ha conducido a una reconfiguración de las normas sexuales  (Barrientos, 2006).

Específicamente, en la sexualidad y el género estas transformaciones han provocado – o están provocando- : a) una secularización del sexo, b) una liberalización de las actitudes y un mayor énfasis en los derechos sexuales, c) un aumento de la variedad de las formas de vida doméstica, -la tradicional conexión entre matrimonio, familia y sexualidad ha sido rota- y d) la sexualidad es más hedonística, orientada al placer y a la recreación, observándose, una menor importancia del rol de la reproducción (Christopher & Sprecher, 2000; Haavio-Manila, Kontula & Rotkirch, 2002). No obstante, estos cambios no afectan a todas las sociedades por igual, dado la persistente influencia, en muchos países, del control moral cristiano, especialmente en aquellos países en los que la Iglesia Católica sigue teniendo una influencia importante (como es el caso de Chile), presentándose una mayor disociación entre las prácticas y los discursos sexuales (Htun, 2004; Kontula & Haavio-Manila, 1994; Haavio-Manila & Kontula, 1994; Mackay, 2000).

Las desigualdades de género en América Latina siguen estando sostenidas por el machismo y el marianismo (Clanelli, Ferrer, & Mc Elmurry, 2008). El machismo está asociado a la dominación social y el privilegio que los hombres tienen sobre las mujeres en términos económicos, legales, judiciales, políticos, culturales y psicológicos. Las ideas acerca del machismo pueden o no, contribuir a la discriminación. Los hombres crecen aprendiendo que son fuertes y que pueden lograr sus objetivos siendo agresivos y protegiendo a su mujer y familia. El complemento del machismo es el marianismo que supone la sumisión de la mujer al hombre, lo que produce un doble estándar, donde la mujer está situada en la categoría de “madre/esposa” o “puta” (Barrientos, 2010). Los valores asociados a esta visión serían la castidad, maternidad, sumisión, sacrificio y cuidado de otros.

El machismo, también, tiene efectos sobre la vivencia de la diversidad sexual en la región ya que el contexto latinoamericano espera que los hombres sean heterosexuales, proveedores y padres de familia (Olavarría, 2000). En la mayoría de los países de la región esto se traduce, como será visto más adelante, en altos niveles de homofobia y violencia hacia gay, lesbianas y transgéneros. Además, diversos estudios han asociado altos niveles de homofobia, con una mayor vulnerabilidad de gay, así como de aquellos que tienen prácticas sexuales con personas de su mismo sexo (es decir, Hombres que tienen Sexo con otros Hombres o HSH), al VIH/SIDA y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Sin embargo, la homofobia no es sólo una realidad que afecte a Latinoamérica, ya que, por ejemplo, el sexo consentido entre hombres adultos está criminalizado en 85 países al año 2007 (Baral, Sifakis, Cleghorn & Beyrer, 2007; Cáceres, Pecheny, Frasca, Raupp, & Pocahy, 2008).

Homosexualidad en el mundo y en América Latina

Los estudios que indagan ya sea en la conducta, o en la identidad homosexual, así como en las actitudes hostiles hacia homosexuales mediante encuestas, son relativamente recientes y comienzan luego de la aparición del SIDA en los años 90’ (Sandfort, 1998).

La homosexualidad como fenómeno es difícil de evaluar y, además, los resultados reportados están subordinados a las definiciones y palabras empleadas, así como a la metodología usada para su estudio (Bochow, Chiarotti, Davies, Dubois-Arber, Dür, Fouchard, Gruet, McManus, Markert, & Sandfort, 1994; Sandfort, 1998). De todos modos, las encuestas recientes realizadas en diversos países del mundo revelan que la homosexualidad no caracteriza a un 10% de la población adulta, tal y como se pensaba en los años 60’–70’, sino a una proporción que fluctúa entre el 1 – 10% (Laumann, Gagnon, Michael & Michaels, 1994) o a un 3-5% de ella (Bajos & Bozon, 2008; Wellings, Field, Johnson, & Wadsworth, 1994). Asimismo, los datos disponibles sobre estudios europeos sugieren que la declaración de conductas y prácticas de tipo homosexual es mayor en los países donde el clima sociocultural es calificado de mayor tolerancia frente al tema (Sandfort, 1998), ya que aún, en muchos países del mundo, se observan actitudes negativas hacia la conducta homosexual tanto de gay, como de lesbianas, catalogando este comportamiento como “equivocado” y “antinatural” (Herek, 2000). La evidencia internacional muestra que se declaran más conductas que preferencias y atracción, lo que está directamente relacionado con el grado de tolerancia social existente respecto al tema en cada contexto estudiado, como también con el grado de conciencia personal existente respecto a esas prácticas (Barrientos & Páez, 2000; Sandfort, 1998). En este sentido en un “clima de intolerancia” frente al tema de lo homosexual, la declaración de una conducta socialmente sancionada puede equivaler simbólicamente a su confesión. Algunos estudios han señalado que los factores socioculturales afectan no sólo la expresión de la homosexualidad sino que, también, su ocurrencia, postulando la “hipótesis de la oportunidad de elicitación” (Laumann et al., 1994), la que propone que la homosexualidad podría ser promovida por un medio social que crea oportunidades para la expresión de esa forma de conducta.

Homofobia

El concepto de homofobia ha sido usado desde los 60’. Su uso posibilitó pasar de la tradicional manera de pensar sobre la homosexualidad como una enfermedad o patología y poner la atención sobre el problema del prejuicio y estigma hacia las personas homosexuales (Adam, 1998; Borrillo, 2001; Herek, 2004; Plummer, 1999; Wayne, & Allard, 1985). Este concepto alude a la actitud negativa u hostil hacia homosexuales (Borillo, 2001). Recientemente (Herek, 2006), ha propuesto la noción de “prejuicio sexual” con el fin de superar las limitaciones y críticas que ha recibido el concepto de homofobia. El prejuicio sexual incluye tres dimensiones: a) estigma sexual (conocimiento social compartido de tipo negativo para cualquier conducta, identidad o relación no heterosexual), b)  heterosexismo (ideología cultural que perpetúa el estigma sexual) y, c) prejuicio sexual (actitudes negativas basadas en la orientación sexual).

Diversas investigaciones han sido realizadas para medir y caracterizar este fenómeno del prejuicio sexual y específicamente de las actitudes negativas hacia la homosexualidad, en el mundo y en Chile (Barrientos, & Páez, 2000; Cárdenas & Barrientos, 2008a; Herek, 1984, 1985, 1986, 1988, 1999, 2002, 2007; Larsen, Reed, & Hoffman, 1980; MOVILH, 2006, 2007; 2009; Ortiz-Hernández, & García, 2005; Raja & Stokes, 1998; Steffens, & Wagner, 2004; Steffens, 2005; Wright, Adams, & Bernat, 1999). Una de las escalas más usadas ha sido la ATLG (Attitudes towards Lesbian and Gay Men) creada por Gregory Herek (Cárdenas & Barrientos, 2008; Herek, 1984; Stoever, & Morera, 2007).

Homofobia y su relación con diversas variables

Las actitudes hacia la homosexualidad varían para los diferentes contextos y países. Además, trabajos recientes indican que hay una gran similitud entre las consecuencias de diferentes tipos de discriminación (racismo, sexismo y homofobia) sobre las personas que son víctimas de dichas acciones (Wexler, Difluvio & Burke, 2009), pero, en términos generales, se puede señalar que éstas son más negativas hacia gay que hacia lesbianas, con diferencias pronunciadas entre hombres y mujeres heterosexuales (Herek, 2000; Kite, 1985; Kite, & Whitley, 1996; LaMar & Kite, 1998; Lingardi, Falanga & Augelli, 2005; Steffens & Wagner, 2004). Este patrón podría reflejar diferencias sexuales en la organización cognitiva que subyace al prejuicio sexual (Herek & Capitanio, 1999; Herek, 2000; Herek; 2007;  Steffens & Wagner, 2004). Según el estudio realizado por LaMar y Kite (1998), en todos los factores reportados, los hombres fueron menos tolerantes que las mujeres.

Asimismo, las actitudes negativas correlacionan alto con autoritarismo (Dumbar, Brown & Amoroso, 1973; Whitley, & Egisdottir, 2000), conservadurismo valórico (Morrison & Morrison, 2002) y político (votan por partidos conservadores y de derecha) (Hayes, 1995; Herek, 1988; Hicks  & Tien-tsung, 2006;  Steffens & Wagner, 2006). Respecto a la religión, las investigaciones han revelado una relación compleja entre prejuicio y religión (Hall, Matz, & Wood, 2010; Gentry, 1987; Herek, 1988; Morrison & Morrison, 2002; Rosik, 2007a, 2007b). Los individuos que puntúan alto en orientación religiosa intrínseca (para quienes la religión es un motivo importante), tienden a auto-reportar menos prejuicio contra grupos proscritos, pero más prejuicio contra grupos no proscritos como lesbianas y gay. Los sujetos que puntúan alto en orientación religiosa y ven la religión como abierta y compleja, tienden a exhibir menos prejuicio hacia grupos proscritos/no proscritos (Tsang & Rowatt, 2007). Los sujetos que asisten más a menudo a servicios religiosos, son mas prejuiciosos hacia gay y lesbianas tanto como aquellos que pertenecen a denominaciones religiosas conservadoras (Cárdenas & Barrientos, 2008; Finlay & Walther, 2003). Estos últimos sujetos probablemente no conocen o conocen a muy pocos homosexuales (Herek & Capitanio, 1996). También,  se ha reportado una estrecha relación entre actitudes negativas hacia la homosexualidad con actitudes tradicionales hacia los roles de género o sexismo (Kite & Deaux, 1986; Herek, 1988; Morrison & Morrison, 2002; Nierman, Thompson, Bryan, & Mahaffey, 2007). Si el que violenta el rol de género es hombre, esta trasgresión es vista como más seria que en el caso de las mujeres (Herek, 1984; La Mar & Kite, 2001). Recientes estudios han indicado, que gay muy afeminados (es decir, aquellos que expresan características socioculturalmente asociadas con el género opuesto) sufren más prejuicio que aquellos gay y lesbianas que no expresan estas características (Sandfort, Meléndez & Díaz, 2007). Las estrictas normas sobre género existentes para hombres y mujeres, así como para homosexuales, conducen a que aquellos homosexuales que se desvían de las normas de género, además de sufrir homofobia por su orientación sexual, sufran una doble discriminación por apartarse de las normas culturales de género.

Además, las actitudes negativas se relacionan con variables como edad (a mayor edad más negativas son las actitudes) (Inglehart &  Welzel, 2005) y nivel educativo (a mayor educación formal menos prejuicio) (Herek, 1988, 1994). En otro sentido, cuando la población heterosexual cree que la homosexualidad es una cuestión que puede ser controlada por los sujetos, los índices de rechazo suelen ser mayores que cuando la elección no depende del sujeto (King, 2001). Los estudios avalan la idea que aquellas personas que tienen familiares homosexuales o que conocen gente homosexual -con las que establecen relaciones estrechas- poseen actitudes más favorables hacia los homosexuales (Bowen & Burgeois, 2001; Hinrichs & Rosenberg, 2002; Steffens & Wagner, 2006) y aquellos que carecen de dichos contactos o de conocimiento personal de homosexuales se muestran más prejuiciosos (Lingardi, Falanga & Augelli, 2005). Además, entre los prejuiciosos, los hombres sienten más rechazo y toman mayor distancia social de gay que de las lesbianas (Kite & Whitley, 1996; King & Black, 1999; La Mar & Kite, 1998); las mujeres reportan más agrado hacia gay que a lesbianas (Herek, 1994). En todo caso, existe una correlación positiva entre las actitudes negativas hacia gay y lesbianas (Herek & Capitanio, 1996), y ambos son mejor evaluados que los bisexuales de su mismo sexo (Steffens & Wagner, 2006). También, cuando los sujetos conocen a otros que son homosexuales y evalúan el contacto con ellos positivamente, son menos prejuiciosos y expresan menos emociones negativas hacia las minorías y más emociones positivas  (Bowen & Burgeois, 2001; Hinrichs & Rosenberg, 2002; Steffens & Wagner, 2004). Otros datos confirmaron que la pertenencia a una minoría étnica está asociada a las actitudes hacia gay y lesbianas, pero no está conectada con el nivel socioeconómico.

Situación de la homofobia en  Chile: Estado del Arte

Aunque el tema de los derechos de la población homosexual está más instalado en la agenda pública nacional de Chile, lo que se ha traducido según el último informe del Movimiento de Liberación Homosexual (2009) en menores niveles de discriminación cultural (aquella que se expresa a nivel marco de sociedad), el prejuicio hacia las minorías sexuales no se han alterado mayormente en el último tiempo. Tampoco, han disminuido notoriamente las acciones discriminatorias que se derivan de éstos.

Si bien, en la actualidad, la población chilena sería más tolerante según diversas fuentes (IDEAS, 1997, 2001, 2004; WVS, 2007; MOVILH, 2007; WVS, 2008), una mirada más profunda del tema revela los serios problemas de convivencia que existen aún en el seno de nuestra sociedad y las condiciones de inequidad de trato a las que son sometidas las personas homosexuales, ya sea a la hora de conseguir un empleo, en el uso de los servicios públicos o en la desprotección social a las que son sometidas las parejas homosexuales. Algunos estudios sobre homosexualidad y homofobia, sobretodo cualitativos, han sido hecho en el país desde los 90’ en adelante (Valdés & Guajardo, 2007). Sin embargo, pocos son los estudios cuantitativos.

El único estudio que ofrece una estimación cuantitativa de la prevalencia de la homosexualidad en Chile en hombres y mujeres entre 18-69 años fue hecho en el 1998 (Barrientos & Páez, 2000). Este estudio es relevante de revisar ya que permiten situar el fenómeno de la homosexualidad y de la homofobia específicamente en el contexto nacional. Este estudio indica que (Barrientos & Páez, 2000), al margen de la baja prevalencia encontrada, indica que los datos obtenidos son coherentes con los datos internacionales en los siguientes aspectos: a) más personas declaran haber sentido deseo homo-bisexual (0,6%) que auto-identificarse como homo-bisexual (0,3%); b) la prevalencia de la homo-bisexualidad es más alta entre hombre que en mujeres (0.4% v/s 0.2%); c) la homosexualidad se declara con mayor frecuencia en grupos con mayor educación; d) la población general se declara mayoritariamente exclusivamente heterosexual y los datos son similares a países europeos más tradicionales y conservadores en sus actitudes como Portugal (99.1% de orientación heterosexual en hombres) y Grecia (99.4% de orientación heterosexual en mujeres). Según este mismo estudio habría una sub-declaración de la homosexualidad, probablemente asociada a la alta intolerancia hacia la homosexualidad reportada, ya que sólo un 5% de la población estaba de acuerdo con que hombres o mujeres tengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo (Barrientos & Páez, 2000).

Respecto a la homofobia en el país  datos recientes  provienen del último informe del Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH) (2007) que indica que la discriminación cultural ha disminuido, pero que otras formas de homofobia aún permanecen. Según este informe, en 2007 han aumentado un 16% las denuncias sobre hechos homofóbicos respecto al año 2006, lo que se traduce en 57 casos (asesinatos, agresiones civiles, atropellos policiales, discriminación laboral y educacional, entre otras). También, se indica que han aumentado las denuncias por discriminación laboral, pero que, por otra parte, hay un creciente clima internacional favorable a los derechos humanos de gay y lesbianas chilenos.

La Quinta Encuesta Nacional de la Juventud (2007) indica que el 21.1% de los jóvenes considera a gay y lesbianas como “vecinos indeseados” ocupando el cuarto lugar de los indeseados (junto a neonazis, drogadictos, alcohólicos y skinheads). Además, indica que los hombres discriminan más que las mujeres, ya que el 24.6% señaló a los homosexuales como vecinos indeseados, porcentaje que decae al 17.4% en las mujeres. También, se observa que los jóvenes de Nivel Socio-Económico bajo (NSE) son más intolerantes que los de otros NSE (hasta el 25% de dicho grupo). Este mismo estudio indica  que hay un ámbito que suscita baja aprobación entre los jóvenes: el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde sólo un 35.1% está de acuerdo. Asimismo, un dato interesante de esta encuesta revela que un  0.9% de los jóvenes encuestados declara sentirse excluido por su identidad sexual y un 5.5% por su sexo. En la más reciente encuesta de la juventud, solo un 34% de los jóvenes está de acuerdo o muy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo (INJUV, 2009). En otro reciente estudio, realizado en la Marcha por el Orgullo Gay, Lésbico, Bisexual y Transgénero en el año 2007 (Barrientos, Meza, Catalán, Gómez, Longueira & Silva, 2008; Barrientos, Silva, Catalán, Gómez & Longueira, 2010), se constató que un 35% de los entrevistados ha sido discriminado por su orientación sexual, ya sea en la escuela, la universidad, en su ambiente religioso o su barrio. El mismo estudio indicó que respecto a fenómenos de victimización, aproximadamente 3/4 partes de los respondientes experimentó ridiculización y casi el 60% burlas e insultos.

Otros antecedentes disponibles, más sistemáticos y periódicos respecto a la homofobia, han sido obtenidos por medio de la World Values Survey (WVS, 2008). La WVS usa una sola pregunta para abordar este tema: ¿Cuán justificable considera usted la homosexualidad? (Hay una escala que va desde 1=nada justificable hasta 10=totalmente justificable). Hay disponibles tres oleadas de encuestas para Chile (1990, 1996, y 2000). Según estos datos hay un cambio positivo en las actitudes hacia la homosexualidad. Según Inglehart & Wenzel (2005) “Diecisiete de los 18 países con las tasas de cambio más altas (hacia la tolerancia) son de sociedades de renta alta tal y como las define el BM, con la excepción de Chile”. Por ejemplo, Chile ha pasado de una media de 2.91 en 1990, a una de 3.98 en el año 2000.  Este mismo estudio indica que son más tolerantes las mujeres que los hombres (para el año 2000, las mujeres puntúan 4.21 y los hombres 3.71), los más jóvenes que los más viejos (para el 2000, los menores de 29 años puntúan 4.29 y los mayores de 50 puntúan 3.37). Respecto a la religión, se observa que los protestantes son los más intolerantes con 2.27 puntos al año 2000 y los católicos los más tolerantes con 3.71. Sin embargo, se observa una gran heterogeneidad en la tolerancia en función del grado de asistencia a servicios religiosos. Así, los que asisten más de una vez por semana son los más intolerantes con 2.98 puntos, y los que nunca asisten, son los más tolerantes con 4.48 puntos (WVS, 2000). Considerando el NSE se obtiene para el año 2000, que aquellos sujetos de NSE bajos son los más intolerantes con 3.65 puntos y aquellos de NSE altos, los más tolerantes con 4.75 puntos. Estos últimos dos estudios son sondeos de opinión muy amplios y que utilizan escalas que no aportan ningún indicador de la validez o la confiabilidad. Por tanto, estos datos sólo pueden utilizarse a título ilustrativo y con las debidas precauciones.

Por último, recientemente dos estudios han usado escalas de homofobia con varios ítems para medir este fenómeno en Chile (Escala ATLG de Gregory Herek), con sus respetivos procesos de adaptación y validación, con hallazgos muy parecidos a los ya descritos. En el estudio de Cárdenas y Barrientos (2008) se constató que las actitudes hacia gay y lesbianas son afectadas por el sexo del respondiente. Las mujeres fueron más tolerantes hacia los homosexuales (gay y lesbianas) que los hombres. En el mismo estudio se constató que las personas más intolerantes son aquellas más religiosas, tal como ha sido observado en otros estudios (Gentry, 1987; Herek, 1988; Morrison & Morrison, 2002). En el estudio de Nierman y colaboradores (Nierman, Thompson, Bryan & Mahaffey, 2007), que usa la ATLG (Attitudes Towards Lesbians and Gay Men Scale) para comparar actitudes en USA y Chile, se constató la importancia de los roles de género y su asociación con la homofobia. Así, aquellos que transgreden los roles de género son los peor evaluados. Por otra parte, otros estudios nacionales han comenzado a centrarse en los cambios en los modos de expresión de la homofobia (Cárdenas & Barrientos, 2008), mostrando que incluso entre la población que intenta genuinamente ser igualitaria (a nivel explícito) pueden expresarse actitudes negativas (de modo implícito).

Finalmente, cabe agregar que la creciente secularización de los valores en Chile ha generado reacciones negativas en aquellos grupos con valores más tradicionales. La valoración de los derechos individuales y la equidad, producen tensión con los modelos de familia y género sostenidos por la iglesia Católica, las tradiciones patriarcales y el conservadurismo político. Estos cambios han producido modificaciones en los “guiones sexuales” y la definición y fluidez de la orientación e identidad sexual (Zea, Reisen & Díaz, 2003). Además, las culturas latinas como la chilena, han sido descritas como colectivistas y alocéntricas, ya que los sujetos tienden a verse a sí mismos como miembros de un grupo social más amplio y a dar mucha  importancia a las relaciones interpersonales a diferencia de las culturas individualistas (Triandis, 1995). Por esta razón, la cultura enfatiza la familia y comunidad, y la orientación sexual y la identidad refleja no sólo al sujeto mismo sino que a su familia y grupo social (Brooks, Etzel, Hinojos, Henry & Pérez, 2005). Lo anterior podría explicar que muchos gay no se identifiquen como tal o no les hayan contado a sus familias que lo son, ya que hacerlo podría provocar dolor en sus familiares, significarse como un signo de debilidad y entrar en conflicto con las normas de la familia y comunidad sobre lo que significa ser hombre. Muchos hombres o mujeres no han “salido del closet” (coming-out) ya que piensan que si lo hacen podrían experimentar la homofobia.

Por tanto, el énfasis cultural en las relaciones interpersonales hace importante explorar los sesgos de deseabilidad social que podrían afectar investigaciones sobre este tema (Marín & Marín, 1991). La cultura y los fuerzas socioeconómicas influyen sobre el comportamiento sexual y, eventualmente, tornan vulnerables a los sujetos al VIH/SIDA y las ITS (Zea, Reisen & Díaz, 2003). Estudios hechos entre latinos en USA y en otros países indican que muchos hombres gay latinos pertenecen a grupos sociales, económicos y políticamente marginalizados. Los mensajes culturales hacia ellos son internalizados y llegan a percibirse a sí mismos como incapaces de controlar su propio destino, lo que, por ejemplo, puede aumentar su vulnerabilidad al VIH. La homofobia puede ser internalizada y conducir a que los sujetos se odien a sí mismos y sientan vergüenza de ellos. Un efecto de esta imagen negativa es el consumo de alcohol y drogas, poca satisfacción sexual, odio y ansiedad en situaciones sociales y sexuales. Y así, diversos estudios han documentado los efectos nocivos de la homofobia y el estigma sobre la población homosexual (Neilands, Steward & Choi, 2008). En muchos países los homosexuales  son víctimas de agresiones, abuso sexual y violencia (Huebner, Rebchook, & Kegeles,  2004), cuyos efectos se asocian con altos niveles de conductas de riesgo ante el VIH/SIDA (Bogart, Collins, Cunningham, Beckman, Golinelli & Eisenman, 2005; Jinich, Paul, Stall, Acree, Kegeles & Hoff, 1998).

Homofobia y Calidad de vida en Gays y Lesbianas

La calidad de vida es un indicador del sentido de bienestar subjetivo de las personas (Kahneman, Diener, & Schwarz, 2000) y está afectada por diversas dimensiones psicológicas, psicosociales, sociales, culturales y económicas, entre las que sobresale nivel de educación, ingresos, estatus de pareja, entre otros.

Una diversidad de estudios sobre este tema han sido realizados en diversas poblaciones (Barrientos, 2006), sin embargo, pocos estudios se han hecho en población  homosexual (Kuyper, & Vanwesenbeeck, 2010; Sandfort, de Graaf, & Bijl, 2003; Sandfort,  Bakker, Schellevis, Vanwesenbeeck, & Van Lindert, 2006; Sandfort, Bakker, Schellevis, & Vanwesenbeeck, 2009).

Históricamente, los investigadores no han reconocido a la población homosexual como diferente a otras en temas como salud, por ejemplo, y sólo la han abordado desde una perspectiva epidemiológica centrada en las ITS/VIH (Boehmer, 2002). La epidemia del SIDA contribuyó a reforzar ese tipo de estudios, sin embargo, la influencia del movimiento social homosexual en los años 90’ ha generado nuevas agendas de investigación social, así como nuevos énfasis. De este modo, en América Latina, diversos estudios han documentado los altos niveles de homofobia existentes en la región (Bozon, Gayet & Barrientos, 2008; Cárdenas & Barrientos, 2008b) y se ha señalado que la homofobia está fuertemente asociada al heterosexismo y al machismo, así como a las muy tradicionales normas de roles de género (Viveros, 2001).

Se ha comprobado que la calidad de vida es afectada por la salud mental y que homosexuales -gay y lesbianas tienen un mayor riesgo de desordenes psiquiátricos que heterosexuales (Cochran, & Mays, 2000). Por tanto, podría suponerse que los homosexuales tienen niveles más bajos de calidad de vida que los heterosexuales. Los homosexuales, en respuesta a estos cambios desarrollarían diversas estrategias de resiliencia para contrabalancear las influencias negativas de su estatus de salud mental. Así, por ejemplo, un estudio relativamente reciente realizado en Holanda (Sandfort, de Graaf, & Bijl, 2003) indicaba que la calidad de vida tanto de gay como de lesbianas difieren de la obtenida por hombres y mujeres heterosexuales en varios determinantes: a) gay tenían algunas condiciones asociadas a desordenes psiquiátricos y a menudo, las lesbianas consumían drogas; b) hombres heterosexuales y gay diferían en autoestima, no así las mujeres; c) además, más gay y lesbianas reportaban haber experimentado algún tipo de discriminación y haber sufrido algún tipo de abuso después o antes de los 16 años de edad; d) gay y lesbianas reportaban más síntomas mentales agudos que los heterosexuales y su salud mental general era más pobre; e) homosexuales reportaban más frecuentemente síntomas físicos agudos y condiciones crónicas que los heterosexuales (Sandfort et al., 2006).

Otras investigaciones recientes han documentado asociaciones entre estrés psicológico y percepción de discriminación en homosexuales (Díaz, Ayala, Bein, Henne, & Marin, 2001; Mays, & Cochran, 2001) y experiencias de victimización (Hersberger & D’Augelli, 1995; Herek, Gillis & Cogan, 1999; Pescoe, E & Smart, 2009)  Waldo, Hesson, McInnis, D’Augelli, 1998). En jóvenes homosexuales, sobre todo en aquellos que se identifican como tales más precozmente, puede existir más disconformidad de género, lo que incrementa la habilidad de los perpetradores de violencia para identificarles como objetivos para su violencia. Incluso, algunos estudios sugieren que la experiencia de discriminación puede resultar en cambios psicológicos negativos y en efectos fisiológicos que podrían contribuir a mayor morbilidad (Perez-Benítez, O’Brien, Carels, Gordon, & Chiros, 2007). Los malos tratos se asocian a baja autoestima e incremento en ideación suicida. Bastantes estudios han documentado mayor riesgo suicida entre adolescentes y jóvenes adultos que tienen una orientación sexual minoritaria (Cochran & Mays, 2000; Mays & Cochran, 2001; Hidaka & Operario, 2006; Mathy, 2002; Paul, Pollack, Moskowitz, Canchola, Mills, Binson, & Stall 2002). Otros estudios sugieren que gay y lesbianas tienes más probabilidades de ideación suicida, intentos de suicidio y suicidios que población heterosexual (Meyer, 1995, 2003; Paul et al., 2002). Generalmente, los eventos de victimización y el “salir del closet” pueden ser vistos como asociados al suicidio ya que pueden provocar estrés emocional y estar asociado a baja autoestima, consumo abusivo de sustancias y consecuentes desórdenes del estado de ánimo que incrementan la vulnerabilidad al suicidio (Frost, & Meyer, 2009; Paul, Catania, Pollack, Moskowitz, Canchola, Mills,  Binson, & Stall, 2002)). Si bien hay evidencia que el “salir del closet” y las redes sociales gay y lésbicas tienen efectos positivos en el ajuste psicológico y la autoestima al proveer un modelo de rol homosexual (Teasdale, & Bradley-Engen, 2010), este proceso puede igualmente estar asociado con experiencias negativas sobre todo en el plano emocional. Los beneficios psicológicos pueden ser la apertura y el sentido de mayor integración del sí mismo, pero, también, puede tener como efectos el ostracismo, violencia, y estrés. La evidencia, también, indica un gran riesgo para algunos desórdenes psiquiátricos, aunque quizás, diferentes para hombres y mujeres. Algunos estudios han mostrado que hombres gay presentan más depresión y otros ataques de pánico (Cochran, & Mays, 2000) y que en lesbianas se observan mayores niveles de dependencia al alcohol y las drogas (Cochran,  Keenan, Schober, & Mays, 2000). Aunque las razones para este elevado riesgo son desconocidas, la ansiedad, el estado de ánimo y el abuso de sustancias son muy sensibles a factores culturales (Kessler, Mickelson, & Williams, 1999). Un número creciente de investigaciones sobre desigualdad social y efectos sobre salud mental sugieren que factores como la raza/etnicidad, sexo y NSE influencian probablemente la exposición a factores negativos que podrían afectar la adquisición de recursos personales y sociales tales como dominio, autoestima y soporte social (Kertzner, Meyer, Frost, & Stirratt, 2009; Mays & Cochran, 2001; Williams, & Mohamed, 2009). Específicamente, experiencias de discriminación y estigmatización conducen a mayor vulnerabilidad para depresión y ansiedad y, quizás, a altos porcentajes de desórdenes psiquiátricos (Beck, Firdion, Legleye, Schiltz, 2010; Kessler, Mickelson, & Williams, 1999). Además, las lesbianas deben enfrentar el prejuicio de género.

El fenómeno que describe el estrés específico experimentando por minorías, que incluye vivencias de prejuicio, expectativas de rechazo, huida y ocultamiento ha sido definido como “minority stress” (Meyer, 1995; 2003; Hatzenbuehler, 2009).

Por último, diversos estudios han mostrado que gay y lesbianas sufren discriminación en diversos ámbitos de sus vidas y creen que estos eventos afectan su calidad de vida. Sin embargo, pocos estudios han puesto atención en la incidencia y prevalencia de la violencia contra gay y lesbianas, la discriminación y victimización (Huebner, Rebchook & Kegeles, 2004) considerando que ser gay o lesbiana está asociado con gran riesgo de experimentar o ser tratado con violencia (Beck,  Firdion, Legleye, & Schiltz, 2010; Russell, Franz, & Driscoll, 2001).

Por ello, en conclusión, es relevante profundizar la investigación social sobre la homofobia y la calidad de vida en minorías sexuales, de modo de ir creando información que permita introducir políticas de anti-discriminación, pero también, acciones específicas dirigidas hacia estas poblaciones.

La psicología social, como disciplina que pone el acento en las relaciones sociales, podría permitir desarrollar nuevos acercamientos a la homofobia y sus impactos, así como a la calidad de vida. Esto supondría relevar cómo el prejuicio, la discriminación y el estigma son efecto de determinadas relaciones sociales entre grupos con diferentes tipos de estatus en la estructura social y cómo trabajando sobre dichas relaciones es posible elaborar cambios y transformaciones sociales que podrían generar vidas más plenas y satisfactorias.

Genética Centralista Chilena. Doscientos años después

Introducción

Discutir y hablar sobre institucionalidad pública en Chile no deja de ser algo complejo, rutinario y apasionante, menos cuando en este aspecto celebramos 200 años. El tema, en sí mismo suena enorme y lleno de complejidades, es por esto que queremos suscribirnos a algunos puntos específicos, los cuales a nuestro entender, de una u otra forma, son medulares para comprender la actual institucionalidad pública nacional, la cual encuentra sus bases estructurales en nuestra cultura.

Ensayar al respecto tiene por objeto abordar y generar un espacio para la reflexión, discusión y análisis sobre lo que hemos denominado “la genética centralista chilena” y su importancia en el desarrollo integral (cultural, político, social y económico) de Chile. Al respecto, para poder hacer efectivas nuestras propuestas debemos aclarar que este ensayo no busca reemplazar enfoques históricos tradicionales, sino por el contrario, trata de diferenciarse creativamente cambiando simplemente la posición de la mirada, esta vez desde abajo hacia arriba.

Algunos pensadores, intelectuales, académicos y estadistas creen y están convencidos que Chile debe descentralizarse para alcanzar mayores niveles de desarrollo e inserción en el mundo globalizado. Muchos de ellos, como siempre mirando desde arriba, toman como base de sus argumentos realidades lejanas, historias y contextos diferentes, enfrentando la nuestra de manera segmentada, conociéndola casi exclusivamente a través de indicadores de dudosa rigurosidad metodológica; son ellos quienes no se han resignado a ser lo que son (chilenos) persistiendo de una u otra forma en convertirnos en imitaciones aceptables de realidades lejanas. Esto sin lugar a dudas genera confusiones y desilusiones que sólo llevan a laberintos sin salida.

En la primera parte de este trabajo abordaremos la actual configuración de los procesos de regionalización y descentralización de nuestro país donde sólo nos remitiremos a dar, muy resumidamente, cuenta de lo que se ha escrito en esta materia en Chile[1]. En la segunda parte veremos en detalle la cuestión del centralismo y por qué hablamos de genética al explicar este fenómeno tratando de descifrar y explicar nuestro código en detalle. Chile, en este sentido tiene una base (genética) difícil de desentrañar e imposible de omitir; en otras palabras, somos hijos de una historia a través de la cual debemos conocer quiénes fueron nuestros padres y familiares.

Para lograr lo anterior necesariamente debemos revisar nuestra historia, donde como buenos observadores dejaremos que el suceso hable y buscaremos mirar donde otros no lo han hecho. La idea es poder visualizar, conocer y comprender cuáles fueron los factores que han influenciado la formación de la institucionalidad del estado chileno y el por qué de su excesiva centralización. Ahora bien, si la descentralización es un proceso imperante y necesario ¿por qué no se ha avanzado?; es más, ¿por qué se retrocede?”[2]. Para encontrar respuesta a estas preguntas debemos revisar nuestra genética como país.

Hacer este ejercicio reflexivo tiene como propósito y convicción de que efectivamente Chile debe descentralizarse para lograr un avance real en busca de un desarrollo humano y democrático en donde se respete la diversidad y la autodeterminación de los pueblos y los habitantes de cada territorio.

Actual proceso de descentralización en Chile

En Chile, diversos intentos se han hecho en el plano político-administrativo por descentralizar el país; el más actual viene dado de la mano del golpe militar en el año 1973. Es aquí donde irónicamente nace un nuevo paradigma[3], paradigma sobre el cual se articulan las nuevas políticas del gobierno nacional, que en cierto modo sientan las bases para el inicio de los procesos de regionalización y la descentralización del país. Fue a partir de esta época que con la creación de la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa y con el dictamen del Decreto Ley 575 del Gobierno y la Administración del Estado, se describieron los principales aspectos de la regionalización. Esta nueva estructura político-administrativa se expresó, de acuerdo a Espinoza y Marcel (1993), en una red jerárquica al interior del Estado desde el Ministerio del Interior hacia los intendentes y gobernadores donde se estableció una estructura institucional y administrativa de respaldo a la administración regional para apoyar una gestión territorial más descentralizada. Para este efecto se crearon en primer lugar, en el ámbito de la participación ciudadana, los Consejos Regionales de Desarrollo (CODERE) y en el ámbito de la desconcentración administrativa, las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI). Estas instituciones se consolidaron en la Constitución Política de 1980.

Por otra parte y en esta misma línea, se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), descentralización presupuestaria que destinó al menos el cinco por ciento del volumen total de los ingresos calculados para los sistemas tributarios y arancelarios de cada región. A raíz de todos estos cambios, el proceso de regionalización y descentralización del Estado chileno dividió el territorio nacional en 13 regiones, 52 provincias y 325 comunas[4] (Espinoza y Marcel, 1993:8). A nivel comunal, en el año 1974, se dictó el Decreto Ley 573 que en sus artículos 14 al 20 define a las municipalidades como:

[…] instituciones de derecho público funcional y territorialmente descentralizadas, cuyo cometido es dar satisfacción a las necesidades de la comunidad local y, en especial, participar en la planificación y ejecución del desarrollo económico y social de la comuna o agrupación de comunas, sea actuando separadamente o coordinando su acción con otros municipios o con los demás servicios públicos y organizaciones del sector privado (Fernández, 1981:51).

Con la creación de la Ley Orgánica de Municipios y Administración Comunal dictado como Decreto Ley 1.289 en el año 1976, los municipios quedaron jerárquicamente vinculados, por Decreto Supremo, al Poder Ejecutivo. Para finales de la década de los 80’, con la promulgación de la Ley 18.695 – Orgánica Constitucional de Municipalidades, los municipios comenzaron a adquirir nuevas responsabilidades en educación y salud, enfrentándose al traspaso de la totalidad de los establecimientos públicos de educación básica y secundaria, así como de los consultorios de atención primaria.

Uno de los principales aspectos del proceso tiene que ver con la creciente vinculación entre regionalización y descentralización que se llevó a cabo a fines de la década de los 70′; sin embargo, el proyecto regionalizador no tuvo su contraparte en una efectiva descentralización de la organización administrativa, regional y local, por el contrario, por la propia naturaleza autoritaria del régimen imperante no les fueron transferidas las capacidades de decisión real en la solución de problemas y en la búsqueda de formas alternativas de desarrollo. De esta manera, todas las nuevas fuerzas e ideas descentralizadoras quedaron supeditadas al poder central, el cual velaba por la congruencia en la aplicación de las políticas y por la vigencia del paradigma autocrático, más que en privilegiar la participación real de los gobernados. Con todo esto, más que una descentralización, lo que efectivamente se produce es una desconcentración.

Con la llegada de la democracia en el año 1990 la temática de la descentralización adquiere gran relevancia, especialmente vinculada a la democratización regional y local. Durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, se sentaron las bases de la actual estructura regional, por medio de la Ley 19.175 – Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, publicada el sábado 20 de marzo de 1993, en el Diario Oficial. Con ella se genera la institucionalidad descentralizada en las regiones y el traspaso de competencias y atribuciones a nivel regional estableciéndose a las regiones como organizaciones político-territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público. También durante este período se democratizaron las elecciones municipales y se aprobó una moderna reforma tributaria, que aumentó un diez por ciento los ingresos locales.

Posteriormente la Ley 19.175 establece que la figura institucional más importante, es el Gobierno Regional quien posee personalidad jurídica y patrimonio propio y está conformado por el Intendente y los Consejeros Regionales y, desde el año 1995, por un equipo profesional y administrativo, especialmente abocado al tema de los procesos de modernización y descentralización del Estado. Así, a mediados de la década de los 90’, todas las regiones contaban con estrategias de desarrollo regional. A fines del Siglo XX, los Gobiernos Regionales comenzaron a consolidarse, pero, como siempre, aparecieron los resquemores sobre su verdadera autonomía y decisiones descentralizadas.

No podemos dejar de mencionar que, a pesar de todos estos intentos, aún falta mucho por concretar en el ámbito regional y local, especialmente en lo que se refiere a la efectiva participación de la ciudadanía en instancias más cercanas a sus intereses, como son generación, funcionamiento y fiscalización de los órganos  regionales. Sin ir más lejos, ¿cuántas personas realmente conocen todas estas reglamentaciones que entregan derechos y obligaciones? Otro tema no menor, es la nula participación de los organismos regionales en el diseño y asignación de los fondos públicos nacionales, además de la falta de políticas que ayuden a éstos a generar recursos propios. Esto ha llevado a los gobiernos regionales a una dependencia absoluta de la asignación de recursos entregados por el parlamento y el gobierno regional. Lo claro aquí es que este proceso, más que responder a un verdadero proceso de descentralización, responde a un simple modelo de “regionalismo desconcentrado”[5]; vale decir, una forma de administración en la cual se ve una clara regionalización subordinada al centro capitalino.

Si bien es cierto, existen avances cualitativos, como las reformas constitucionales del año 1991, que descentralizaron y desconcentraron ciertas potestades administrativas del Estado[6], en especial la Ley 19.097, a través de la cual se introdujeron cambios sobre el gobierno y administración regional, provincial y comunal; queda claro que el actual modelo de distribución territorial no es capaz de solucionar los problemas del centralismo político, la falta de participación ciudadana y los desequilibrios económicos sociales entre los territorios.

Chile y su gen centralista

En nuestro país han existido una serie de iniciativas para cambiar el escenario existente, esta serie de enfoques en torno a la descentralización ha llevado a que se incorporen varios elementos (legales y administrativos) de relevancia que más que avances han condicionado los desafíos de la descentralización: la equidad; que no es más que lograr equilibrio en el reparto de los beneficios obtenidos producto del desarrollo económico y la participación, entendida como la ingerencia de la población en el sistema de toma de decisiones.

Pese a esto, tanto en el plano político como en el académico y el discursivo, da la impresión que retrocedemos; el centralismo aumenta en todos los planos de la actividad pública tal cual aumenta la falta de voluntad política para superar la obsolescencia del actual ordenamiento institucional donde además, siguen creciendo instancias concentradoras de poder sobre todo en el ámbito económico, cultural y político.

Pero ¿por qué Chile no da este salto? y es justo aquí donde en vez de aparecer una luz de respuesta es cuando surgen más interrogantes: ¿le interesa a los chilenos un país descentralizado?, ¿por qué si existe “aparente” voluntad política y se firman decálogos y compromisos no se da un verdadero salto cualitativo al respecto?, ¿serán los descentralizadores personas con una cultura y mirada descentralizadora real? Las preguntas pueden seguir una tras otra, lo importante aquí es poder encontrar una respuesta. ¿Será que la cultura chilena es esencialmente centralista?, ¿será que los chilenos, estructural y genéticamente, no estamos “hechos” para vivir en una sociedad descentralizada?, ¿será que el centralismo es más cómodo?

Si analizamos y pensamos, toda nuestra estructura y organización social y cultural, históricamente, tiene una fuerte carga centralista, por lo que es “casi natural” actuar y pensar con esa perspectiva y lógica. Basta con mirar cosas tan simples como las bases de nuestra institucionalidad para deducir esto. Un simple ejemplo es lo que se entiende en nuestro país por ley, que es “la declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”[7]. Este concepto legal es la base fundamental de nuestra legislación, enseñado por generaciones a nuestros legisladores y, hasta el día de hoy, jamás cuestionado. Si analizamos detenidamente esta pequeña definición, discursiva y genéticamente radicada en la esencia de nuestros juristas, nos encontraremos, detrás de ella, con una fuerte base filosófica nacida en el otrora poderoso Imperio Romano y perfeccionada en la Francia Napoleónica (ambas visiones muy centralistas y concentradoras de poder).

Por otra parte, no podemos dejar de lado aspectos cotidianos donde manifestamos conductas inconscientemente centralistas, como nuestro comportamiento en la escuela, en el trabajo y en el hogar donde la figura de poder queda representada y validada en una sola persona, quien manda, prohíbe o permite. Pero vamos más atrás, donde nacen estos comportamientos tan bien transmitidos, reproducidos, aprendidos y arraigados en nosotros y nuestra sociedad. Para algunos autores, Chile, en sus orígenes, no fue centralista, si no más bien nació desde lo local.  En este aspecto se toman como ejemplos los cabildos coloniales y la organización matriarcal del pueblo mapuche. La verdad es que no concordamos con esta visión, Chile, al igual que muchos estados latinoamericanos, no conocieron en su germinación aspectos descentralizadores, si no más bien, desde la llegada de los conquistadores, América Latina se convirtió en una extensión del imperio, que fue sometido con la cruz y la espada, y regido con mano de hierro a precio de sangre.

Por lo tanto, este centralismo viene heredado por la histórica estructura de organización pública del país. El centralismo económico y administrativo es uno de los elementos que ha caracterizado al estado chileno. Sus orígenes se remontan al período colonial, donde la relación con España limitaba que todos los asuntos de la corona se concentraran en la capital. Siglos más tardes, una vez consolidada la independencia a principios del siglo XIX, algunos ordenamientos constitucionales establecieron ciertas normas que pudieran consideradas como iniciativas descentralizadoras, como lo mencionamos anteriormente. Ejemplo de ello fueron las Leyes Federales dictadas durante el año 1826, que pretendieron establecer un sistema federal; la Constitución promulgada en 1828 que consagraba la existencia de asambleas provinciales, compuestas por diputados elegidos por la ciudadanía. No obstante, con la Constitución de 1833 y el proyecto Portaliano, el centralismo se acentuó, transformándose en uno de los pilares del desarrollo institucional chileno. La creación de la comuna autónoma, en el año 1891, es prácticamente el único intento por otorgar una cuota de poder a las instancias comunales y de descentralizar el país (Jiménez y Muñoz, 2009).

Sólo para reforzar lo anterior, no debemos olvidar que los pueblos originarios al norte del río Maule estaban regidos por el imperio Inca, el cual se caracterizaba por una fuerte organización centralista. En el caso de pueblo mapuche, es cierto que éste gozaba de una fuerte organización descentralizada, la cual chocó fuertemente con la visión del imperio español, lo que se ha visto reflejado en un conflicto que ha durado por siglos.

Chile ha sido un Estado altamente centralizado y unitario durante la mayor parte de los siglos XIX y XX. La independencia se consolidó bajo la Constitución autoritaria de 1833, que duró hasta el año 1925, año en que fue reemplazada por otra, menos autoritaria, pero todavía más centralista. Tanto las rentas generadas por los nitratos y el cobre, que provocaron la concentración de los recursos fiscales en el Estado, como la incorporación relativamente tardía de las economías del norte y sur al sistema nacional; aportaron a la consolidación de un potente Estado central. Actualmente nuestro país, según informes recientes de diversos organismos internacionales -Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- es uno de los países más centralizados de América Latina (Jiménez y Muñoz, 2008).

Para entender el por qué en Chile se ha arraigado el gen del centralismo debemos mirar el proceso macro en la génesis de nuestra institucionalidad como país. Al respecto, que la paradoja, la desilusión y la perplejidad que ha caracterizado a los intentos de reformar, modernizar y descentralizar Chile, son producto de creer a ciegas que podemos reproducir la experiencia de los países europeos o que tenemos las mismas bases que ellos. Existen cuatro factores (o ausencias) que han marcado a fuego en nuestros genes la tradición centralista: 1) la ausencia de la tradición feudal en la tradición chilena y latinoamericana en general; 2) la ausencia de la disidencia religiosa y la imposición de una sola postura[8]; 3) la ausencia de cualquier acontecimiento comparable con la Revolución Industrial y 4) la ausencia de aquellos aspectos de evolución ideológica, social y políticas vinculadas con la Revolución Francesa.

Como complemento y de acuerdo a Peña (1994:4)

En los países de la región (esto es, en el universo simbólico y afectivo que constituye su cultura), la nación y sus peculiaridades parecen indiscernibles de la evolución del Estado y de las gestas militares o caudillescas que ayudaron a fundarlo. Esta primacía de la sociedad política (organizada, además, en el caso de Chile, con la inercia del centralismo borbón) y la ausencia de feudalismo genuino y de disidencia religiosa, habría sentado las bases de un centralismo autoritario y de una cultura estatista.

Respecto a la ausencia de tradición feudal, ésta no existió ni siquiera por herencia en Chile, no debemos olvidar que a la llegada de los españoles este régimen político había quedado en desuso en Europa, por lo cual no fue transplantado en nuestras tierras. La importancia del feudalismo radica en la importancia que éste ha tenido, como punto cardinal, en la tradición política occidental; es en él donde se encuentra la raíz del parlamentarismo europeo, del liberalismo y de todas las variantes sociopolíticas que se originaron de ellos. Las instituciones representativas y los parlamentos son inequívocamente producto de la Edad Media y resultado directo del desarrollo del feudalismo, que en sus asambleas colocaba fuertes limitaciones a la corona. Al no existir feudalismo en Chile, vale decir, grandes duques, caciques o propietarios (no confundir con patrones de fundo), no existió suficiente poder local para oponerse al poder central, tanto en lo económico como en lo militar. Esto tiene como resultado que el centro político nunca se vio amenazado u obligado a renunciar al poder. Es necesario precisar en este punto, que el reino de Castilla era en su época el estado más centralista de Europa, lo cual contribuyó a radicar fuertemente el centralismo en las tierras conquistadas.

El segundo factor de importancia tiene relación con la falta de disidencia religiosa y con la imposición de una sola visión en este aspecto. Al respecto debemos hacer algunas precisiones, no debemos olvidar que, el actual Estado español tuvo su origen bajo el reinado de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Esta monarquía, como precisa la historia, fue sin duda la más centralizada de su época, la cual fue capaz de ejercer un efectivo control sobre los territorios españoles. España no se vio sometida a las fuerzas de choque propias del feudalismo como pasó en otros países de Europa, lo que le dio la característica de convertirse en una de las primeras potencias a nivel mundial. Con el descubrimiento de nuevas tierras, los reyes católicos necesitaron justificaciones legales y políticas que les permitieran hacer apropiación de estos terruños; es así como los reyes recurrieron a la institucionalidad vigente más poderosa de la época: “el papado”, quien concedió a perpetuidad a la Corona de Castilla el privilegio de fundar y organizar todas las iglesias. Debido a esto, los monarcas hispanos tomaron el control eclesiástico de América y en este caso de Chile[9], el cual utilizaron como mecanismo político y económico para validar su poder e influencia.  El mérito de esto es que aquí se genera una particular simbiosis entre lo político y lo religioso, la cual ha trascendido y permeado a toda nuestra sociedad[10].

Las tierras descubiertas fueron el resultado de una aventura privada de la corona española, la cual, como primera medida, optó por institucionalizar y mantener un control directo y exclusivo de ellas, imponiendo, en primer lugar una sola legislación y una sola religión (ambas altamente centralistas).

El Tercer factor que marca nuestra tradición centralista tiene relación con la ausencia de una revolución industrial. No debemos olvidar que en Latinoamérica, en menos de una generación, se adoptaron tecnologías industriales que a los europeos les tomó siglos crear. Esto significó que la industrialización, como fenómeno, no alcanzó, en esta parte del mundo, el resultado de un proceso autónomo de crecimiento y descubrimiento, sino que se adoptó y estableció[11]. Por tanto, la principal diferencia se encuentra en su origen, donde en Europa tuvo un origen periférico, que desembocó en una atenuación del poder central; en cambio en Latinoamérica, el principal impulso procedió del centro y, lejos de debilitarlo, lo fortaleció. Por otra parte, mientras que en el antiguo continente el industrializador estuvo asociado a las actividades y al modo de vida de una naciente burguesía, en el caso chileno y latinoamericano, no estuvo acompañado ni precedido por la formación de grupos semejantes; es más, se puede señalar que la burguesía latinoamericana, en general, alcanzó el poder político con anterioridad a la llegada de la industria, y que fue, en calidad de administradores burocráticos, que obtuvieron directa y/o indirectamente el control sobre el proceso de industrialización. Posteriormente, este grupo apoyó el crecimiento industrial y corporativo aprobando propuestas, concediendo licencias y canalizando recursos en moneda extranjera, como crédito público en dirección a sus amigos y partidarios políticos[12].

Es importante señalar que en Chile el proceso industrializador se dio gracias a la creación de empresas públicas estratégicas y a una multitud de empresas menores dependientes. Es así como las primeras empresas técnicamente privadas en el país tuvieron sus orígenes en capitales extranjeros. El resultado de este proceso demostró que en nuestro país se crearan fuerzas altamente concentradas en las esferas de poder.

Respecto al aspecto político (el cuarto factor), debemos remitirnos a nuestras bases políticas más profundas. No se puede negar el hecho que, desde la fundación de Chile, los ordenamientos institucionales tradicionales fundaron en una tradición política que ha sido siempre centralista y sólo, excepcionalmente, se ha desviado de este rumbo. Véliz (1984) reflexiona al respecto y comenta que durante siglos de dominación Ibérica sobre América Latina, las rupturas más importantes con este centralismo fueron el resultado de la defección metropolitana. Desde los intentos independentistas a principios del siglo XIX, la pausa liberal marca el quiebre más importante con el centralismo y ésta fue, en buena medida, el resultado de una oleada de signo nacionalista, que intentó rechazar todo lo español y reemplazarlo por culturas más atractivas (inglesa o francesa) ya que identificaban el concepto de gobierno centralista y autoritario con la tradición colonial y lo rechazaban a favor de un reparto del poder político y económico efectivo.

Estas visiones liberales, al poco andar, se vieron opacadas en nuestro país debido a los constantes vaivenes estructurales, administrativos, políticos, económicos y sociales[13] que generaron que Chile se convirtiera en un país altamente centralizado y jerarquizado, lo cual, pese a los avances mencionados en la primera parte de este ensayo, se ha mantenido hasta el día de hoy, después de doscientos años de “independencia”, con todas las dicotomías actualmente presentes.

Reflexiones Finales

Chile crece a pasos agigantados y miramos el futuro con optimismo olvidándonos que el mundo ha cambiado. Procesos como la globalización, la ruptura del Estado-Nación y por tanto, la pérdida del poder a nivel central ha generado la aparición de nuevos actores sociales, los cuales se mueven en un mundo de dinámicas complejas y exigen espacios para comunicarse y participar del debate público. Es en este contexto que hoy la idea de gobernar el futuro pasa a ser una tarea de todos.

Chile necesita un cambio radical en sus bases estructurales para caminar y alcanzar un desarrollo integral, esto se hace necesario y urgente. Es sobre esta idea de descentralización donde la noción de lo local cobra fuerza, donde la revalorización de la heterogeneidad del pensamiento local y la participación de la sociedad civil en demanda de sus espacios ha llevado a la formación de distintos movimientos ciudadanos de incidencia que exigen se les tome en cuenta para ser partícipes de los cambios políticos y sociales del país.

Creemos fehacientemente que para generar un cambio estructural sólido en nuestra institucionalidad hay que insertar en nuestras bases el gen de la descentralización. Cómo hacer esto, esa es la pregunta que debemos respondernos con cautela y sin apresurar el paso. Como comunicadores y cientistas sociales consideramos que los procesos de comunicación se constituyen en un elemento fundamental en este cambio, ya que tal jeringa puede ser portadora de un cambio cromosomático que invierta nuestra genética. La necesidad de incorporar el enfoque comunicativo como una dimensión fundamental en el proceso de descentralización apunta a mejorar la calidad de las relaciones comunicativas entre el Estado y los miembros de la sociedad civil como estrategia de gobernabilidad democrática y de desarrollo.

Sin ir más lejos, es en la ciudadanía donde se encuentra la base del cambio, es ésta la que debe demandar la descentralización y hacerse parte de ella como un proceso propio y necesario. Hoy existen atisbos que nace desde las regiones, desde los espacios locales donde a pesar de que se encuentran lejos de ser actores protagonistas en estos procesos públicos, se están manifestando y exigiendo espacios para expresarse. En este sentido el Estado está obligado a cambiar su posición y a generar medidas que modifiquen el sistema político chileno para que existan espacios autónomos de comunicación social que no dependan del mercado y que permitan la libre expresión y el desarrollo del país de acuerdo a las necesidades propias de cada localidad.

Debemos dejar en claro que cuando hablamos de procesos de comunicación no nos referimos específicamente a los medios masivos ni institucionalizados del Estado. Nos referimos a procesos muchos más complejos que se dan y reproducen en toda la red social. Los actos del habla crean realidades, nuestras propias realidades. Estos discursos permean nuestra forma de pensar y se hacen parte de ella como algo natural, por lo que para modificar nuestra lógica centralista debemos atacar las acciones, los objetos y las expresiones significativas de diversos tipos, ya que nuestra vida social no es sólo una cuestión de objetos e incidentes que se presentan como hechos en el mundo natural sino también son cuestiones de acciones y expresiones significativas, de enunciados, símbolos, textos y artefactos de diversos tipos, y por supuesto, de sujetos que se expresan por medio de éstos y buscan comprenderse a sí mismos y a los demás mediante la interpretación de las expresiones que producen, transmiten y reciben.

Como país debemos buscar romper esa matriz centralista arraigada en nuestros genes (cultura) y tomar conciencia de nuestra condición. No será algo fácil, hemos visto como después de doscientos años de institucionalidad seguimos por el mismo camino, buscando la descentralización y la autonomía local y regional.