El sistema judicial chileno frente a las denuncias por abuso sexual:
Un dolor permanente, un caso archivado
Por motivos de seguridad y privacidad, los nombres de las víctimas incluidas en este reportaje serán cambiados.
Amanda tenía 11 años y Alicia 16 cuando sufrieron el evento más traumático de sus vidas, un abuso sexual que les rompió los sueños y la niñez. Hasta hoy, siguen esperando que la justicia pueda actuar a su favor para que sus voces sean escuchadas. Sus casos son solo uno de los miles que, cada año, enfrentan un destino similar: el archivo. Según cifras oficiales del 2023, se registraron 40.361 denuncias por delitos sexuales en el país. Sin embargo, el 68,4% de estas causas no avanzaron en el sistema judicial, y un 60% fueron archivadas sin resolución.
Por: Arelian Barboza Quispe
Llegó el anhelado último día del año y llena de alegría, la familia se reúne en la mesa para cenar antes de que sean las 12 para finalmente gritar ¡Feliz año nuevo! Pero no necesariamente hay felicidad para todos; una de las niñas que está presente llora, pero en silencio, está en shock, no dice nada y con suerte puede comer. Nadie se percata, todo sigue normal para todos, pero sus piernas tiemblan y el miedo se apodera al estar sentada frente a su abusador, al que la familia quiere, pero ella odia.
Amanda Ramírez tenía 11 años cuando alguien cercano a su familia, decidió arrebatarle sus sueños y alegrías, perturbar sus noches y la percepción completa de su existencia. Pasaron 6 años más para que ella, tras intentar quitarse la vida, denunciara lo ocurrido a la justicia. Ahí fue el inicio de un proceso que, más que brindar apoyo, la ha mantenido atrapada en un sistema que parece no avanzar.
Según un estudio de la Fundación de Amparo y Justicia, el 84,3% de las denuncias presentadas en 2023 corresponden a personas de sexo femenino y un 68,4% de las causas tuvieron salidas no judiciales, teniendo el archivo como destino en un 60%. Esto fue lo que exactamente le pasó a Amanda, quien después de haber denunciado a través de la clínica por intento de suicidio, vivió un calvario por más de dos años esperando a que notificaran a su agresor. Ese día nunca llegó porque él se movía constantemente entre ciudades y distintos domicilios, arrancando del proceso judicial que lo esperaba.
La formalización como hito clave en la persecución penal representa el momento en que el fiscal le comunica al imputado, en presencia del juez de Garantía, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Por lo tanto, al no concretarse la notificación, se genera una falta de avances en los casos de abuso sexual que no solo deja impunes a los agresores, sino que perpetua el sufrimiento de las víctimas si es que no se llega a la formalización. Las barreras estructurales, como la demora en los procesos judiciales y la revictimización constante, al tener que relatar los hechos en múltiples ocasiones, contribuyen al desgaste emocional y psicológico de quienes buscan justicia.
Pero, aunque las pruebas están, la justicia no avanza. Como el caso de Alicia Mardones, quien denunció haber sido drogada y abusada por quien decía ser su mejor amigo. Justo en el día más importante para ella, donde el sol daba una nueva vuelta y florecía consigo su adolescencia. Aunque las pruebas de ADN confirmaron los hechos, la tardanza en el proceso permitió al agresor evadir la justicia y no ser notificado. «Un año después, me lo encontré en la universidad (…) Me enteré de que el caso estaba archivado por falta de evidencia actual», relata Mardones. Llena de frustración, sus ojos se cristalizan por el dolor causado, un dolor que parecía no tener fin.
En 2022, tras el mediático caso de Antonia Barra, se aprobó la Ley 21.523, que introdujo modificaciones al Código Penal y al sistema judicial para proteger mejor a las víctimas. Entre sus avances, la ley establece: un plazo de prescripción de 10 años para los delitos de abuso sexual, la consideración de la afectación física y mental de la víctima al momento de dictar sentencia y medidas de protección para la víctima y su familia en cualquier etapa del proceso, incluso antes de la formalización de la denuncia.
No obstante, a pesar de estas reformas, las cifras muestran que los cambios legales aún no se traducen en una mejora significativa en la resolución de casos, ya que el año 2023 se registraron 40.361 denuncias por delitos sexuales y las víctimas como Amanda, declaran no haber recibido este apoyo.
Hanna Goldener, Seremi de la Mujer y Equidad de Género en Antofagasta se refiere al aumento de denuncias en el año 2024 tras darse a conocer casos de abuso sexual, como el de Manuel Monsalve o Jorge Valdivia y menciona que históricamente a las mujeres siempre se les ha culpado respecto a las situaciones de violencia, incluso por parte de la justicia.
“Cómo es posible que nos cuestionen cosas como: ¿qué hiciste tú para provocarlo? ¿Cómo andabas vestida?, etcétera.”, comenta Goldener, quien además indica que quizás es momento de que desde las instituciones se cambie el enfoque y se deje a un lado la revictimización.
El abuso sexual, pero principalmente la revictimización, tienen efectos devastadores en la salud mental de las víctimas y sus familias. Estudios como los del DEPROVE señalan que quienes han sido abusados sexualmente presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático e incluso conductas suicidas.
Las víctimas de abuso sexual infantil (ASI) pueden experimentar una variedad de problemas psicológicos, incluyendo ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT). En estudios realizados por la Universidad de Chile, se ha observado que hasta el 30% de las víctimas a nivel mundial desarrollan problemas graves de salud mental a lo largo de su vida.
En Antofagasta, según el Centro de salud primaria, se ha reportado que los adultos que sufrieron ASI presentan un riesgo elevado de desarrollar síntomas como aislamiento social, baja autoestima, y dificultades en las relaciones interpersonales. Con ello, Amanda relata que su experiencia afectó no solo su vida, sino también la de su familia. “Mis padres se sienten culpables por no haberme protegido. Mis hermanas tuvieron que lidiar con mi intento de suicidio. Es un trauma que nos marcó a todos”, cuenta.
A pesar de las reformas legales y los esfuerzos por visibilizar esta problemática, las cifras de casos archivados y la falta de resolución en los procesos judiciales muestran que queda mucho por hacer.
Es así como Amanda, Alicia y muchas otras mujeres, siguen esperando respuestas a esas risas que fueron silenciadas en su niñez o adolescencia. Sus casos, como el de casi 40 mil otras víctimas, recuerdan que la justicia no puede seguir siendo un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos.
“Él me amenazó con abusar o hacerle daño a personas cercanas como mis mejores amigas o mi hermana menor. Todo esto, por medio de mensajes de Instagram que desaparecieron”, señaló con dolor en su rostro.
La inadecuada respuesta del sistema judicial puede llevar a las víctimas a sentir que su sufrimiento no es válido. Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Chile, indicó que el 77,2% de los trabajadores en escuelas municipales conocían a una víctima de ASI, pero solo el 22% había realizado alguna denuncia. Esto sugiere una cultura de silencio y desconfianza hacia las instituciones.
“Muchas veces me han cuestionado por qué yo no hablé en el momento, pero fueron años de sufrimiento en donde pensé que yo era la culpable porque así me lo decía mi abusador”, comentó Ramírez. Además, agregó que el sujeto insistía en que era su culpa por ser bonita y que si contaba lo que él hacía destruiría a toda su familia materna.
Es así como quedan en evidencia, las profundas fallas del sistema judicial chileno frente a casos de abusos sexuales. A pesar de los esfuerzos legislativos recientes, las cifras revelan una realidad alarmante: miles de denuncias terminan archivadas y las víctimas enfrentan un proceso que, lejos de ofrecer justicia, las revictimiza. Historias como las de Amanda y Alicia representan una problemática extendida, donde el dolor de las víctimas queda atrapado en un sistema que no avanza. La necesidad de reformas efectivas y un compromiso real por parte de las instituciones resulta ineludible para garantizar que la justicia deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una respuesta concreta para quienes buscan protección y reparación, en lugar de que su caso quede archivado para siempre.